DevPoles has been awarded an IADB financed project to address case management end-to-end across multiple agencies.

The primary focus of the consultancy is to propose a roadmap for implementing an Integrated Case Management System (ICMS/IJIS) in the Supreme Court of The Bahamas.

Given the comprehensive nature of integrated case management vis-à-vis the inter-relationship of key justice institutions, the scope of services involves active consultation withrepresentatives of numerous institutions, including but not limited to: the Judiciary; the Office of the Attorney General and Ministry of Legal Affairs (OAG); the recently established Office of the Department of Public Prosecutions, the Royal Bahamas Police Force; the Bahamas Department of Correctional Services (the prison); Social Services; the Public Defenders Office and the Bahamas Bar Association.

The scope is also comprehensive in terms of ensuring that all essential case-flow functions are assessed which impact the efficient flow of cases as they proceed through the system, including e-filing, e-scheduling, case management integration with digital recording, training requirements, and change management/communications activities. Special attention must also be given to ensuring integration of appropriate data collection and assimilation mechanisms for the purposes of monitoring and evaluation.

DevPoles se ha hecho con la adjudicación de un proyecto financiado por el BID a través del Ministerio de Seguridad Nacional (MNS) de la Commonwealth de las Bahamas. Nuestros servicios de consultoría ayudarán a resolver las deficiencias institucionales del sistema de administración de justicia de manera oportuna entre las múltiples agencias e instituciones del sector seguridad y justicia.

El objetivo principal de la consultoría es proponer una hoja de ruta para implementar el Sistema Integrado de Gestión de Casos (ICMS / IJIS) en la Corte Suprema de Justicia de las Bahamas. 

Dada la naturaleza integral de la gestión integrada de casos con respecto a la interrelación de instituciones clave en la administración de justicia, el alcance de los servicios implica una consulta activa con representantes de numerosas instituciones, que incluyen pero no se limitan a: el Poder Judicial; la Fiscalía General de la Nación; la Oficina del Departamento de la Defensa Pública recientemente establecida, la Real Fuerza de Policía de las Bahamas; el Departamento de Servicios Correccionales de Bahamas; Servicios sociales; la Oficina de Defensores Públicos y el Colegio de Abogados de Bahamas.

El alcance también es amplio en cuanto a asegurar que se evalúen todas las funciones esenciales de flujo de casos, lo que afecta el flujo eficiente de casos a medida que avanzan a través del sistema, incluidos la presentación electrónica, la programación, la integración de la gestión de casos con la grabación digital, los requisitos de capacitación y Gestión de cambios / actividades de comunicación. También se debe prestar especial atención a garantizar la integración de mecanismos apropiados de recopilación y asimilación de datos para los fines de monitoreo y evaluación.

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DevPoles organizó junto a la Unión Europea y el Ministerio de Seguridad Pública la presentación de resultados del programa Cooperación en Seguridad con Panamá, en presencia de embajadores de los Estados Miembros de la UE, autoridades del país, sociedad civil y medios de comunicación nacionales e internacionales.

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Bajo el apoyo organizacional de DevPoles fueron presentados los resultados del Proyecto de Cooperación en Temas de Seguridad con Panamá (SECOPA) en un gran hotel de Ciudad de Panamá. SECOPA se ha ejecutado desde 2014 hasta finales de 2019 con financiamiento del presupuesto general de la Unión Europea (UE), bajo la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) 

En este evento, - con el cual culmina un convenio entre la UE y el Estado panameño que implicó la donación de 28 millones de euros para mejorar la seguridad ciudadana -, también participarán voceros de instituciones beneficiarias como el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Ministerio Público.

La sesión de clausura se presentaron informes resumidos de logros alcanzados a través de acciones específicas para fortalecer la estructura y sistemas de información de las instituciones de seguridad; desarrollar planes de prevención, control y sanción del delito; mejorar programas de re-inserción y rehabilitación social; y diseñar una renovada estrategia nacional de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención de las violencias y del delito.

Igualmente, se habilitó un espacio para que funcionarios, miembros de la sociedad civil y ciudadanos beneficiados con algunas de las iniciativas emprendidas ofrezcan testimonios de sus experiencias, frente a una audiencia compuesta por diplomáticos de países de la UE y autoridades de instituciones, estamentos y organismos vinculados al tema de la seguridad en Panamá.

Entre las principales obras y metas alcanzadas por SECOPA, además del Censo Penitenciario, destacan el fortalecimiento del modelo de Policía Comunitaria, la construcción de la subestación de Samaria y capacitación de sus oficiales; la construcción, remodelación y equipamiento de varios centros de atención del Inamu; implementación de programas de prevención para la población de jóvenes escolarizados en coordinación con el Meduca; y la capacitación de más de 6 mil funcionarios en cursos, seminarios, talleres y diplomados sobre seguridad ciudadana y materias conexas, entre muchas otras.

El embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Hoornaert y la directora ejecutiva de la OSEGI, Ana Fábrega, presidieron este importante evento que tuvo lugar en un hotel de la ciudad de Panamá.

El taller de capacitación, uno de los 10 que se han celebrado en cada cabecera de provincia, y también en 5 distritos de comarcas indígenas, incluyendo el alejado corregimiento de Puerto Obaldía, contó con la participación del Ministro de Gobierno, El Sr. Carlos Rubio, así como representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, así como de la Dirección de Planificación del mismo ministerio.

El Ministro de Gobierno de Panamá, Carlos Rubio, durante su intervención, en los que destacó los restos que aún existen en la introducción de la jurisdicción local de justicia comunitaria.

Especialista en Justicia Comunitaria de Paz y Mediación de DevPoles, durante su capacitación participativa, atendiendo dudas sobre la Ley 16 de 2016.

Bajo la Ley 16, las Casa de Paz son concebidas como un espacio que posibilita acciones interdisciplinarias para buscar soluciones preventivas en las comunidades,  con el propósito de ofrecer al ciudadano información, orientación, atención, y el servicio de justicia local con enfoque restaurativo para la resolución de conflictos.

Adicionalmente, el Juez de Paz, la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en los corregimientos, tiene la facultad de impartir justicia en equidad, en aquellos casos que no puedan ser mediados o conciliados previamente.